Encuesta en el oriente de la capital: Diferencia entre la ley y la realidad.
Como parte de nuestra investigación sobre la migración venezolana en la Ciudad de México entre 2020 y 2025, realizamos una encuesta en la alcaldía Iztapalapa, dirigida a migrantes que se encuentran en situación de tránsito o asentamiento.
El objetivo fue conocer de primera mano su experiencia, condiciones de vida y el grado de acceso a sus derechos humanos. A continuación compartimos algunos de los resultados más relevantes:
Perfil de las personas encuestadas:
La mayoría tiene entre 18 y 45 años, siendo la edad más común 27 años.
El 84.6% son hombres, 7.7% mujeres y el resto prefirió no responder. Así mismo 10 de 13 encuestados son originarios de Venezuela.
Acceso a la salud
Aunque la Ley de Migración garantiza atención médica urgente para todas las personas migrantes, solo el 30.8% de los encuestados reportaron haber recibido atención médica gratuita en México.
El 69.2% no ha tenido acceso, ya sea por miedo, desconocimiento o falta de respuesta institucional.
Situación laboral
El 100% de las personas con empleo lo tienen en el sector informal, sin prestaciones, seguridad laboral ni derechos.
Ninguno de los encuestados tiene trabajo formal. Esto refleja una clara exclusión del sistema de protección social.
Apoyo institucional
Ante la pregunta sobre si han recibido ayuda de alguna organización civil o gubernamental:
El 69.2% respondió que no. Por el contrario, solo el 30.8% mencionó haber recibido algún tipo de apoyo.
Discriminación y extorsión
El 84.6% dijeron haber sufrido algún tipo de discriminación. Además 61.5% denunciaron haber sido víctimas de extorsión por parte de autoridades locales.
Percepción general del trato recibido
El 53.8% evaluaron su experiencia en México como “regular”. El 30.8% como “mala” y solo el 15.4% considera que el trato ha sido “bueno”.
Conclusiónes:
A pesar de que México cuenta con un marco legal que reconoce los derechos y obligaciones de todas las personas migrantes, los datos muestran una brecha profunda entre la ley y la realidad. Las personas venezolanas que migran por razones humanitarias siguen enfrentando discriminación, extorsión y poco apoyo institucional.
