¿Cómo influye la Constitución de Estados Unidos en la migración?

Yolotzin Abigail Muñiz Hernández

A la medida que la discriminación y desigualdad aumenta en Latinoamérica, en si con el tema de los venezolanos, hace que sea difícil seguir viviendo en ese tipo de injusticia, lo cual provoca que la mayoría, de los venezolanos; marchen hacia nuevos países, en sí, a ESTADOS UNIDOS, ha sido uno de los destinos más importantes para esta población, además de ser conocido como la tierra de los migrantes y como el sueño americano; lo que ha generado nuevas dinámicas dentro del sistema migratorio del país. En este contexto, resulta fundamental analizar cómo influye la Constitución de los Estados Unidos en la regulación de estos flujos migratorios. La constitución permite que se establezcan sus derechos fundamentales que pueden ser invocados por los migrantes (como los venezolanos), al momento de solicitar asilo, residencia, o protección frente a la deportación.

La Constitución de los Estados Unidos de América, adoptada el 17 de septiembre en 1787 y en este documento presenta la organización estructural del gobierno federal y protege los derechos fundamentales de las personas dentro del país. Aunque en sus artículos originales no se hace una referencia directa al fenómeno moderno de la migración; esta Carta Magna influye de manera profunda y constante en cómo se regula la inmigración, cómo se ejercen los poderes legislativos y ejecutivos respecto a esta materia, y qué derechos se reconocen (o se niegan) a los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, una vez que se encuentran en territorio estadounidense.

En primer lugar, uno de los aspectos más relevantes de la Constitución en relación con la migración es el poder otorgado al Congreso para legislar sobre la materia. Aunque el texto constitucional no menciona de forma explícita la palabra “inmigración”, el Congreso ha ejercido esta autoridad principalmente con base en dos cláusulas fundamentales: la Cláusula de Comercio (Artículo I, Sección 8), que permite regular el comercio con naciones extranjeras, y la Cláusula de Naturalización (Artículo I, Sección 8), que concede la facultad de establecer una regla uniforme de naturalización en todo el país. A través de estas disposiciones, se ha justificado históricamente la creación de leyes migratorias federales que controlan quién puede entrar, residir o ser expulsado del país; además, se ha establecido que este poder es exclusivo del gobierno federal, dejando fuera a los gobiernos estatales en la mayoría de los casos.

Seminario Rubio, M. (2025, 1 de abril).

A partir de esa base legal, el Congreso ha aprobado una serie de leyes migratorias que se han ido endureciendo con el tiempo, especialmente en las últimas décadas, en respuesta a fenómenos como el aumento de la inmigración indocumentada, las crisis humanitarias en América Latina y el miedo al terrorismo internacional. Estas leyes han establecido categorías para la entrada legal (visas, residencia permanente, asilo, refugiados, entre otras), así como procedimientos de deportación, detención y regularización. Sin embargo, muchas de estas normas han sido cuestionadas en los tribunales por su compatibilidad (o falta de ella) con los derechos constitucionales.

En ese sentido, la Constitución también influye al proteger ciertos derechos individuales, incluso a personas que no tienen estatus legal dentro del país. Por ejemplo, la Quinta Enmienda garantiza el debido proceso legal, lo que implica que nadie puede ser privado de su libertad o propiedad sin un proceso justo ante la ley. Esta protección se ha interpretado de forma extensiva para incluir a inmigrantes indocumentados; en otras palabras, no pueden ser detenidos ni deportados sin antes pasar por procedimientos legales establecidos. Asimismo, la Decimocuarta Enmienda establece que ninguna persona (no sólo ciudadanos) puede ser privada de la igualdad ante la ley, lo cual ha servido como base para múltiples litigios en defensa de los derechos civiles de inmigrantes.

Un caso importante en esta línea fue Zadvydas v. Davis (2001), en el cual la Corte Suprema dictaminó que el gobierno no puede detener indefinidamente a inmigrantes cuya deportación no puede realizarse porque ningún país los acepta. Este fallo se basó en el principio del debido proceso y estableció un límite de tiempo razonable (seis meses) para la detención migratoria mientras se resuelve la expulsión. Sin embargo, este tipo de protecciones no siempre se aplican con fuerza; en Demore v. Kim (2003), por ejemplo, el mismo tribunal sostuvo que el gobierno podía detener sin fianza a ciertos inmigrantes con antecedentes penales mientras se resolvía su caso, incluso si eso implicaba varios meses de detención preventiva.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo también juega un papel decisivo en la migración, ya que la Constitución le otorga al presidente la responsabilidad de ejecutar las leyes federales, dirigir las relaciones exteriores y asumir el mando de la seguridad nacional. Estas facultades han permitido que el presidente adopte decisiones clave en política migratoria, particularmente a través de órdenes ejecutivas. Por ejemplo, durante el mandato de Barack Obama se implementó el programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), el cual —aunque no otorgaba estatus legal permanente—, protegía temporalmente de la deportación a ciertos jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños y que cumplían con requisitos específicos (educación, no tener antecedentes penales, etc.).

Sin embargo, este uso del poder ejecutivo ha sido objeto de debate jurídico y político, especialmente cuando parece sustituir la función legislativa del Congreso. Un ejemplo ilustrativo fue la controversia generada por la llamada “prohibición musulmana” de Donald Trump, formalmente conocida como Executive Order 13769 (2017), que restringía la entrada de personas de varios países de mayoría musulmana bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. Esta orden fue impugnada por grupos defensores de los derechos humanos y fue objeto de varias batallas legales; finalmente, en Trump v. Hawaii (2018), la Corte Suprema avaló la autoridad presidencial, al considerar que el presidente tenía amplio margen para regular la entrada de extranjeros, siempre que se tratara de cuestiones de interés nacional.

Por último, es importante destacar el papel de la Corte Suprema como árbitro constitucional en materia migratoria. A lo largo de la historia, este tribunal ha sido el encargado de resolver conflictos entre el Congreso y el presidente, entre gobiernos estatales y el gobierno federal, y entre el gobierno y los inmigrantes que reclaman la protección de sus derechos. En general, la Corte ha oscilado entre proteger los derechos individuales en algunos casos y respaldar el poder amplio del gobierno en otros. Esta dualidad ha contribuido a que la jurisprudencia migratoria estadounidense sea compleja, contradictoria en algunos aspectos y fuertemente influenciada por el contexto político y social de cada época.

France 24. (2025, enero 28).

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